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Proceso de paz en Colombia: regreso a las armas
Sabado 6 Oct 2018, 22:21 pm  |  Compartir en:      
Aunque resulte frustrante, el regreso a las armas parece ser el más claro desenlace de los recientes acontecimientos del proceso de paz adelantado en Colombia por el Gobierno del ex-presidente Juan Manuel Santos.

En este conflicto han estado involucrados los casi 50 millones de habitantes del País y la guerrilla marxista de las FARC, integrada por menos de 10.000 subversivos. Y claro, también una reducida élite intelectual y política, oculta a los ojos del mundo, que ha presentado falsamente a la minoría marxista y terrorista de las FARC como un verdadero ejército de benefactores del progreso y la defensa de los derechos humanos.

Pasaron seis años desde que comenzaron las negociaciones en el 2012, con el aplauso
incondicional de las más altas autoridades civiles y religiosas del mundo, al punto que se le concedió al Presidente Santos el Premio Nobel de Paz. Sin embargo, los resultados concretos de lo que se consiguió hasta el día de hoy son paupérrimos.

Los principales protagonistas de esta farsa, aplaudidos y adulados por el mundo como si hubiesen sido los grandes gestores de la pacificación de Colombia, poco a poco se van quitando la máscara de mentiras y falsedades. Como era inevitable, comienza a aflorar la realidad de uno de los más grandes engaños de nuestro tiempo. Es de esperar que una vez el mundo conozca toda la verdad de los hechos y sus gravísimas consecuencias, ese aplauso mediático se convierta en censura, en descrédito y en humillación para sus fautores.

Las FARC dominan el negocio de la cocaína
Un primer resultado obtenido fue la espantosa confirmación de que las FARC son el cartel de drogas más grande de Occidente, y que las negociaciones de paz constituyeron una gigantesca operación de lavado de dineros ilegales producidos por el narcotráfico, la minería clandestina, el secuestro y la extorsión.

Además, durante todo este proceso el ex-presidente Santos ordenó a las Fuerzas Armadas de Colombia cesar todas las operaciones militares y policiales contra el narcotráfico, contra los cultivos ilegales de coca, y contra los laboratorios de producción de la misma, casi todos ellos monopolizados por las FARC y sus organizaciones satélites. Y, como consecuencia lógica, también se suspendieron las operaciones militares y policiales contra los terroristas, que son los mismos productores de cocaína.

Como resultado de esta desastrosa política de Estado, Colombia pasó de cultivar 50.000 hectáreas de coca en el 2012, a más de 200.000 en la actualidad, según ha denunciado en forma reiterada e irrefutable el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Otro de los resultados inauditos del Proceso, fue la más absoluta impunidad para todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla de las FARC. La mayoría de los terroristas de esta organización que estaban en las cárceles fueron liberados incondicionalmente, y deberán presentarse ante una caricatura de tribunal de “justicia alternativa”, que sin duda les perdonará sus crímenes. Es la llamada Justicia Especial para la Paz -JEP -, que se convirtió en una rueda suelta en el engranaje de la justicia colombiana, y que ya puso en práctica un escandaloso sistema de indultos, perdones y excarcelaciones de guerrilleros.

Como complemento de esta aberración jurídica, la Corte Constitucional acaba de legislar en una cuestionada y absurda sentencia, que todos los crímenes de abuso sexual cometidos durante el conflicto armado, incluidos la violación de niños y la práctica obligatoria del aborto a niñas menores de edad embarazadas por causa de la misma violación, ¡ya no son delitos en Colombia! Según esa sentencia de la Corte, son conductas conexas con el delito de rebelión y por lo tanto no se consideran crímenes.

Adicionalmente, desde el pasado 20 de julio, cinco terroristas de las FARC ocupan curules que se les concedieron gratuitamente en el Senado de la República, y otros cinco en la Cámara de Representantes, para un total de 10 congresistas de su recién creado partido político. Y esto sin haber tenido necesidad de conseguir un solo voto en las elecciones.

Otro de los tantos aspectos fallidos del proceso de paz, consistía en que los combatientes de la guerrilla depondrían las armas y se concentrarían en unas zonas especiales, previamente escogidas por el Gobierno, bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Pues bien, según declaraciones del Sr Jean Arnault, jefe de esa misión en Colombia, la mayoría de los siete mil guerrilleros que se habían asentado en esos lugares ha ido desapareciendo, sin que se sepa nada de ellos. Además, unos 20 de los comandantes han regresado a la clandestinidad, lo cual no quiere decir otra cosa diferente a que han vuelto a sus actividades terroristas.

Evidentemente, todos ellos regresaron a la actividad ilegal que financia la guerra, es decir, al cultivo, procesamiento y venta de cocaína. Y también, a empuñar sus nuevas y relucientes armas contra el Estado y contra la sociedad colombiana, creando organizaciones disidentes, que se cuidan de no usar más el nombre de las FARC.

La verdadera paz está lejos de haber sido alcanzada
En medio de esta confusión, la pregunta inevitable es la siguiente: ¿al menos terminó la guerra? Y la respuesta es NO. Lejos de terminar, se multiplicó por todas partes. Los que la promueven ya no dicen ser de las FARC, sino de supuestas disidencias, que continúan dedicadas a la guerra, al terrorismo y al crimen. En realidad hacen parte de la misma multinacional del marxismo, que desde Cuba y Venezuela dirige esta revolución con notable éxito, gracias a la indolencia de los millones de víctimas, que habitualmente duermen despreocupadamente mientras los destruyen, los matan y les roban lo que tienen.

¿Y dónde están las armas de las FARC? Algunas, sin duda fueron entregadas a la ONU, que al parecer hará con ellas un monumento. Pero muchas armas, que tanto pueden ser las mismas que entregaron o las nuevas que consiguieron en su reemplazo, están en manos de las mismas organizaciones criminales de las FARC que han continuado la lucha armada. Los frentes de lucha se multiplican y las amenazas contra el Estado cada día son mayores. Hay regiones enteras de Colombia donde ahora son ellos los que mandan y son la autoridad suprema, como acontece en casi toda la costa pacífica, o en la región del Catatumbo, al norte de Colombia, junto a la extensa frontera con Venezuela.

Es claro que los obsesionados con la claudicación para obtener la paz, seguirán defendiendo las bondades de este proceso. Pero, muy por el contrario, aquellos que todavía conservan algo de sentido común, y que agredidos por la realidad analizan lo que está pasando en Colombia, llegarán tarde o temprano a la conclusión inevitable de que para salvar a Colombia será necesario reversar el Acuerdo de paz, dando cumplimiento al resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016.

La verdadera y auténtica Colombia, que hasta ahora no ha sido escuchada, juzgará implacablemente a todos los que promovieron y apoyaron incondicionalmente este desastre.

Entre ellos, al ex-presidente Santos, al comité que otorga el Premio Nobel de Paz, al Papa Francisco, a los obispos y a los líderes empresariales de Colombia, a los presidentes de los países americanos y europeos, y también a la ONU y a la OEA (Organización de Estados Americanos). Y también, a la inepta cúpula militar actual, que no ha sido cambiada por el nuevo Gobierno, y que en las aparatosas operaciones recientes, en las cuales dijo haber movilizado 8.000 hombres para neutralizar las disidencias de las FARC en la frontera con Ecuador, no obtuvo absolutamente ningún resultado satisfactorio.

Eugenio Trujillo Villegas
Director – Sociedad Colombiana Tradición y Acción

Septiembre 29 de 2018

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